¿Es el ARRAIGO, elevado a rango Constitucional... "justo"?

Al hablar entre comillas de "justo" es porque siempre he pensado que es parte de las palabritas de las que muchos abusamos y que son incomprensibles por ser subjetivas.

Pero, espero se entienda el sentido de mi pregunta.

Saludos y gracias por responder!

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  • Anónimo
    hace 9 años
    Respuesta preferida

    Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó su criterio sobre el control de la constitucionalidad y determinó que todos los jueces deben de inaplicar aquellas normas secundarias que contradigan la Constitución o algún tratado sobre derechos humanos.

    El arraigo es una figura que la Corte declaró inconstitucional, y como consecuencia, se elevó a rango constitucional en el artículo 16. Esta figura es tan absurda y arbitraria que viola la presunción de inocencia, porque implica detener para investigar y no a la inversa, como debiera ser en un Estado democrático.

    La Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que cualquier persona detenida debe ser puesta sin demora a disposición de un juez y que se le deberán hacer saber sus derechos y la acusación que se le imputa.

    Naciones Unidas ha señalado que “El arraigo es una figura jurídica arbitraria e incompatible con el principio de presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal, como lo han señalado una serie de mecanismos y procedimientos especiales del Sistema de Naciones Unidas, tales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Comité de Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Todos ellos han recomendado a México que elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”.

    En razón de lo anterior, es factible que los jueces especializados en medidas cautelares a nivel federal y los locales en donde no ha entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, comiencen a negar el arraigo por ser incompatible con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No necesitan hacerlo dentro de un juicio de amparo, pues ahora la Corte les dio la potestad de controlar la constitucionalidad y la convencionalidad de manera difusa.

    Podrían decir algunos que al estar en la Constitución no es inconstitucional, pero de conformidad con el artículo 1 de nuestra ley fundamental en materia de derechos humanos, debe hacerse una interpretación progresiva y a favor de la mayor protección, en este caso, de la presunción de inocencia y de la libertad personal. Por tanto, debe interpretarse que los tratados protegen en mayor medida estos derechos y, por tanto, que las leyes secundarias que autorizan el arraigo son violatorias de derechos humanos, por lo que deben dejar de aplicarse. Espero que algún juez valiente, de los que por fortuna todavía hay, empiece a negar el arraigo porque se ha convertido en un instrumento generalizado de la incapacidad de investigar bajo estándares democráticos e, incluso, en una forma legalizada de tortura por la presión que significa estar en manos del investigador y de la Policía.

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