Violación de derechos en africa y asia.?

Hola necesito saber acerca de la violacion de los derechos en africa y en asia! por favor ayudenme! es muy importante y urgente. gracias...

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  • hace 1 década
    Respuesta preferida

    Hola

    Africa: Una de las asignaturas pendientes de África en este inicio del siglo XXI son los derechos humanos constantemente violados por los gobiernos, en nombre de la tradición, el Islam, la construcción nacional y el desarrollo, y por los señores de la guerra o los islamistas, para acceder al poder o a las fuentes de las materias primas. Se ha instaurado en todas partes la cultura de la impunidad, responsable del fracaso del proceso de democratización y de la proliferación de los conflictos, que convierten a los africanos en exiliados en sus propios países. Ha llegado la hora de poner fin a las prácticas coloniales y neocoloniales del serkali africano y de exigir cambios radicales al Norte que , por sus políticas y prácticas perversas, crea las condiciones objetivas de violación de derechos humanos y de violencia en África.

    Asia: Según la ONU, los estados tienen responsabilidad total sobre el cuidado de las víctimas de tragedias ocurridas dentro de sus fronteras. El tsunami de diciembre acabó con 290.000 vidas en una decena de países. En todos los países afectados por el tsunami, los grupos más vulnerables son las mujeres, los niños y los desplazados internos. El tsunami exacerbó la discriminación económica y social preexistente contra ellos. Forum-Asia informó sobre denuncias de abuso sexual de mujeres dentro y fuera de campamentos en la provincia indonesia de Aceh, donde se registró el grueso de las bajas por el tsunami, con 220.000 muertes. Mujeres en el sur y el sudeste de Asia han sufrido violación, explotación, abuso físico e inequidad a lo largo de toda la historia. Algunos de los países afectados por el tsunami, especialmente Indonesia y Sri Lanka, tienen gran experiencia en mujeres desplazadas por la violencia política”, según Forum-Asia. Consideramos la corrupción como violación de derechos humanos, pues se quita la ayuda a quienes la necesitan con desesperación. muchos damnificados en Tailandia aseguraron recibir 30 por ciento menos de la ayuda comprometida, sin que las autoridades hayan dado las razones.

    En la franja de Gaza, tres adolescente palestinos, de 13 a 16 años de edad, fueron asesinados por las tropas judías. Un oficial israelí reconoció que no llevaban armas y eran civiles. El militar agregó que no conocía sus "intenciones". "Se trata de un nuevo crimen del terrorismo de Estado israelí",

    Suerte*

  • hace 1 década

    África: perspectiva general 2005

    Gracias a la firma de varios acuerdos de paz en 2005, disminuyeron los conflictos armados en la región. Sin embargo, los que seguían desarrollándose en Burundi, Chad, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Sudán se caracterizaron por los graves abusos contra los derechos humanos, como homicidios, violaciones y otras formas de violencia sexual. En muchos lugares reinaba la inestabilidad política y existía un grave riesgo de que se desataran más conflictos y se produjeran nuevos actos de violencia. Las personas refugiadas y desplazadas internamente que permanecían acogidas en campos y en zonas urbanas no recibían la asistencia necesaria para cubrir sus necesidades básicas y estaban expuestas a sufrir graves abusos contra sus derechos humanos. La impunidad de las violaciones de derechos humanos siguió siendo generalizada, a pesar de que se realizaron algunos esfuerzos en el ámbito internacional y regional para que los presuntos perpetradores rindieran cuentas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas con actividades políticas de oposición continuaron sufriendo hostigamiento, agresiones y detenciones ilegales por denunciar violaciones de derechos humanos o criticar a sus gobiernos.

    Millones de hombres, mujeres, niños y niñas continuaron viviendo en la pobreza y privados de agua potable, vivienda adecuada, alimentos, educación y atención primaria de la salud. Esta situación se agravó por la existencia de corrupción generalizada y de carácter sistémico y por la evidente indiferencia de los gobiernos a la hora de garantizar a la ciudadanía el disfrute de los derechos económicos y sociales más básicos. En toda la región, cientos de miles de familias fueron desalojadas de sus hogares, lo cual constituyó una violación más de sus derechos humanos fundamentales.

    Aunque en 2005 entró en vigor el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, las constantes violaciones de los derechos humanos de las mujeres, como la mutilación genital femenina, la violencia doméstica, la violación, la trata y la violencia sexual durante los conflictos, hicieron de este instrumento un avance más simbólico que real.

    Varias destacadas iniciativas regionales, como el Parlamento Panafricano, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y el Mecanismo de Revisión de Pares Africanos, comenzaron a desempeñar plenamente sus funciones, si bien resultó difícil medir su impacto global sobre el respeto por los derechos humanos. La Asamblea de la Unión Africana continuó esforzándose por abordar los problemas de derechos humanos de la región, pero su falta de respuesta firme a la crisis de derechos humanos de Zimbabue puso de manifiesto la necesidad de que la Unión Africana aplicase sus principios en materia de derechos humanos de forma coherente.

    Conflictos armados

    Gobiernos y grupos de oposición continuaron violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Sudán (especialmente en Darfur), en el norte de Uganda, en Chad, en Costa de Marfil y en la República Democrática del Congo, lo cual provocó homicidios ilegítimos, violaciones y otros tipos de tortura, desplazamientos de población y otros abusos graves contra los derechos humanos. En Darfur, las tropas gubernamentales, que a veces bombardeaban pueblos desde el aire, y las milicias nómadas aliadas del gobierno, conocidas con el nombre de yanyawid, mataron e hirieron a civiles. Se violaba a las mujeres, que a veces eran secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales. Muchas de las víctimas habían huido del conflicto y de la miseria extrema reinantes en el sur y en otras partes de Darfur.

    La población civil continuó siendo víctima del conflicto que asolaba desde hacía 19 años el norte de Uganda. A pesar de las conversaciones de paz, hacia el final de 2005 aumentaron los ataques del Ejército de Resistencia del Señor, y algunas milicias disidentes siguieron activas y libraron combate de forma ocasional. Se esperaba que regresaran al sur más de tres millones de personas desplazadas internamente y medio millón de personas refugiadas.

    En Burundi continuaron durante todo 2005 los enfrentamientos armados entre un grupo armado, el Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas Nacionales de Liberación (PALIPEHUTU-FNL), y las fuerzas del gobierno en las provincias de Bujumbura Rural y Bubanza, pese a la presencia de tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Más de 120.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, continuaban desplazadas internamente o en el exilio al final de 2005.

    No hubo progresos en la desmovilización de unos 50.000 combatientes prevista en el proceso de paz de Costa de Marfil. El principal obstáculo parecía ser la desconfianza entre el gobierno y los dirigentes de las Fuerzas Nuevas (Forces nouvelles), coalición de ex grupos armados. Todas las partes en los conflictos de Costa de Marfil y la República Democrática del Congo utilizaban niños y niñas soldado.

    En octubre, Eritrea prohibió los vuelos de helicópteros de la ONU y otros desplazamientos de sus observadores, restringiendo así todavía más las actividades de la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea, contingente multinacional cuyos 2.800 integrantes administraban una zona temporal de seguridad a lo largo de la frontera. Ambos bandos se habían rearmado desde 2000 y desplegaron tropas cerca de la frontera a finales de 2005. El Consejo de Seguridad de la ONU instó a Etiopía a que ejecutara la decisión de la Comisión Internacional de Fronteras relativa a las zonas fronterizas, sobre todo en lo concerniente a la asignación a Eritrea de la localidad de Badme, origen del conflicto en 1998. Sin embargo, no hubo avances en esta cuestión durante 2005.

    Continuó la explotación ilegal de recursos naturales en la República Democrática del Congo, Liberia y Sudán. En Liberia, ex combatientes responsables, según los informes, del homicidio y la tortura de civiles, incluidas violaciones, ocuparon y explotaron las plantaciones de caucho, alegando que era su único medio de subsistencia.

    Hubo prometedores avances en el mantenimiento de la paz en algunos conflictos. En Senegal, por ejemplo, se mantuvo durante todo 2005 el acuerdo de paz de 2004, que puso fin a dos decenios de enfrentamientos en la región meridional de Casamancia.

    Impunidad y justicia

    A pesar de las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no se hizo rendir cuentas a casi ninguno de los perpetradores. Aunque se iniciaron investigaciones en algunos casos, los sistemas judiciales de muchos países continuaban adoleciendo de corrupción generalizada, falta de recursos y formación inadecuada del personal. Si bien se dictaron esperanzadoras sentencias judiciales en algunos países, se avanzó poco en la creación de un mecanismo adecuado para el enjuiciamiento por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en tribunales nacionales. La Unión Africana tendía a restar importancia a la cuestión de la rendición de cuentas en el cumplimiento de su mandato.

    En Senegal, pese a los compromisos expresados públicamente por las autoridades, no se tomaron medidas para acabar con la impunidad de los autores de abusos contra los derechos humanos. En enero, el Parlamento aprobó una ley que decretaba una amnistía para todos los delitos «de motivación política» cometidos entre 1983 y 2004. Senegal no dio una respuesta afirmativa a la solicitud de extradición y orden de detención internacional emitidas por un juez belga contra el ex presidente de Chad Hissène Habré por violaciones graves de derechos humanos cometidas durante los años que permaneció en el poder, de 1982 a 1990. Hissène Habré se había trasladado a Senegal al ser derrocado en 1990. En noviembre, el Tribunal de Apelación de Dakar se declaró «incompetente» para decidir si debía dictarse una orden de extradición en esta causa. Unos días después, las autoridades declararon que la Unión Africana debía decidir quién tenía jurisdicción para pronunciarse sobre el caso y afirmaron que Hissène Habré permanecería en Senegal en espera de tal decisión.

    Se tomaron algunas medidas de alcance limitado en el ámbito internacional o regional para combatir la impunidad. En enero, una comisión de investigación designada por la ONU determinó que se habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur y que el sistema judicial sudanés carecía de capacidad y voluntad para solucionar la situación. En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1593, por la que se remitía la situación de Darfur a la Corte Penal Internacional (CPI) y se exigía a Sudán y a todas las demás partes en el conflicto que cooperasen plenamente con ella. Sin embargo, como resultado de las presiones de Estados Unidos, se incluyó en la Resolución una cláusula para que los ciudadanos de los Estados (excepto Sudán) que no fueran Parte en el Estatuto de Roma de la CPI quedaran excluidos de la jurisdicción de ésta. La CPI inició las investigaciones, pero al final de 2005 no se le había permitido el acceso a Sudán.

    En enero, el gobierno ugandés solicitó formalmente a la CPI que iniciara investigaciones y procesamientos por crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado del norte del país. En octubre, la CPI dictó órdenes de detención contra cinco destacados dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Uganda desde julio de 2002.

    Dos años después de que el fiscal de la CPI anunciara que la Corte investigaría los cientos de miles de crímenes cometidos en la República Democrática del Congo desde julio de 2002, las investigaciones todavía no habían dado lugar a ninguna orden internacional de detención. La probabilidad de que sólo se juzgase a algunos de los responsables puso de manifiesto la necesidad de que el gobierno de la República Democrática del Congo emprendiese un plan de acción integral destinado a reformar el sistema judicial nacional y a acabar con la impunidad.

    El ex presidente liberiano Charles Taylor continuaba disfrutando de impunidad en Nigeria a pesar de la presión internacional que recibía este país para que lo entregase al Tribunal Especial para Sierra Leona, donde se lo juzgaría por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional. En julio, los dirigentes de los países de la Unión del Río Mano (Guinea, Liberia y Sierra Leona) declararon públicamente que algunas de las actividades de Charles Taylor en Nigeria infringían las condiciones de su asilo.

    Continuaron los juicios contra destacados sospechosos de genocidio ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en Arusha, en donde permanecían recluidas 60 personas al final de 2005. Cinco de los juicios, con 20 procesados, se prolongaban desde años anteriores y otros cinco, en los que comparecían siete acusados, comenzaron en 2005. Se dictaron dos sentencias, con sendas condenas de seis años de prisión y cadena perpetua. Un sospechoso se entregó al Tribunal y fue posteriormente transferido a La Haya para que permaneciese allí recluido en espera de juicio por genocidio, conspiración para cometer genocidio y complicidad en genocidio. Otro sospechoso fue detenido en Gabón. Se le acusó formalmente de genocidio, conspiración para cometer genocidio, incitación directa y pública al genocidio y persecución como crimen de lesa humanidad.

    El informe de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre una visita de investigación a Zimbabue en 2002, publicado oficialmente en febrero de 2005, concluía que en este país se habían cometido violaciones de derechos humanos. La Comisión formulaba varias recomendaciones, pero al finalizar el año casi no se había hecho nada para aplicarlas. Varios ministros y funcionarios zimbabuenses hicieron comentarios despectivos sobre el informe y la Comisión. En diciembre, ésta aprobó una resolución relativa a Zimbabue en la que condenaba las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Comisión no hizo público el informe de su visita a Sudán de julio de 2004.

    Violencia contra las mujeres

    Las mujeres seguían careciendo de protección adecuada en la ley y en la práctica y continuaban sufriendo violencia y discriminación. Eran violadas y sometidas a otras formas de violencia sexual por agentes del gobierno, así como por sus parejas, sus empleadores y otros hombres. En algunas comunidades, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados seguían siendo la norma. En Camerún, según informes, aproximadamente el 20 por ciento de las mujeres y las niñas habían sufrido mutilación genital, práctica que continuaba siendo legal. También perduraban en el Código Penal cláusulas que eximían al presunto violador de ser procesado si se casaba con la víctima, con lo que, en la práctica, se protegía al perpetrador a la vez que se sometía a la víctima a más abusos.

    Se creía que cientos de miles de mujeres habían sido violadas por fuerzas gubernamentales y grupos políticos armados durante los conflictos. En el este de la República Democrática del Congo a veces se violaba a la víctima delante de sus hijos, de su familia o de la comunidad. En algunos casos se mataba o se hería deliberadamente a la niña o a la mujer. Pocas supervivientes de violaciones tenían acceso a atención médica adecuada. En Togo, las fuerzas de seguridad y las milicias violaron presuntamente a mujeres sospechosas de apoyar a la oposición.

    En algunos países se iniciaron o se completaron reformas legislativas destinadas a aumentar el respeto por los derechos humanos de las mujeres. En Ghana, organizaciones de la sociedad civil debatieron sobre la reforma de la legislación relativa al aborto y la ausencia de leyes que prohibiesen la violación conyugal, y algunos parlamentarios abogaron por condenas más duras para los delitos de violación y agresión sexual contra las mujeres. En Liberia se aprobó una ley sobre la violación que recogía una definición más amplia de ella. Sin embargo, incluía la pena de muerte entre los castigos previstos para los violadores, a pesar del compromiso de Liberia de abolir la pena capital. El Parlamento de Kenia accedió a debatir un proyecto de ley sobre delitos sexuales y debatió asimismo un proyecto de ley sobre la violación auspiciado por grupos de mujeres y que proponía ampliar la definición de violación y denegar la libertad bajo fianza a quienes fueran acusados formalmente de violar a menores.

    En Nigeria, algunos estados promulgaron legislación sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, pero el gobierno federal no revisó las leyes discriminatorias ni modificó la legislación nacional para cumplir el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África, ratificado por Nigeria. A pesar de la falta de estadísticas oficiales, se calculaba que casi dos tercios de las mujeres pertenecientes a ciertos grupos del estado de Lagos, por ejemplo, eran víctimas de violencia en el hogar. Las leyes y prácticas discriminatorias, las actitudes despectivas en el seno de la policía y el inaccesible sistema judicial contribuían a que la violencia contra las mujeres gozara de una amplia tolerancia y a que apenas se informara de ella.

    Derechos económicos, sociales y culturales

    Muchos gobiernos emprendieron prácticas que negaban sistemáticamente el derecho a la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. En Zimbabue, la Operación Murambatsvina (Restablecer el Orden) supuso el desalojo forzoso de cientos de miles de personas y la demolición de sus viviendas. La operación se llevó a cabo en un contexto de extrema escasez de alimentos. El gobierno obstruyó repetidamente las labores humanitarias de organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU, incluidos los intentos de proporcionar cobijo a las personas sin hogar. En Nigeria, miles de personas se quedaron sin techo y no se les proporcionó el debido proceso, indemnización ni una vivienda alternativa.

    En Níger, la gran escasez de alimentos se agravó tras años de sequía y de una plaga de langostas del desierto ocurrida en 2004, la peor en más de un decenio, que acabó con gran parte de la producción de cerea­les del país. Según cálculos de la ONU, la hambruna ponía en peligro la vida de más del 25 por ciento de la población de Níger. Asimismo, tuvo repercusiones en los vecinos Benín, Burkina Faso, Malí y Nigeria, todos los cuales experimentaron subidas de precios o escasez de alimentos. Pese a los avisos de hambruna inminente, los donantes internacionales no respondieron con rapidez. En Mozambique, más de 800.000 personas necesitaban ayuda alimentaria como consecuencia de la prolongada sequía.

    Las altas tasas de mortalidad por enfermedades relacionadas con el sida afectaban seriamente al desarrollo económico y social de muchos países de la región. El sur de África seguía presentando la tasa de prevalencia del VIH más alta del mundo, además de graves problemas de acceso a atención médica y tratamiento. Suazilandia tenía la tasa mundial más alta, del 42,6 por ciento, y más de las tres cuartas partes de las personas del país que se sabía necesitaban medicamentos antirretrovirales todavía no los recibían. En Sudáfrica, nuevas cifras revelaron que el VIH había infectado a alrededor de 6 millones de personas hasta 2004 y que menos de un 20 por ciento de ellas recibían antirretrovirales. En Mozambique, unas 200.000 personas no po­dían acceder a fármacos antirretrovirales ni a ningún otro tratamiento para su infección por VIH.

    Pena de muerte

    Seguía habiendo presos condenados a muerte en Burundi, Camerún, República Democrática del Congo, Guinea, Liberia, Nigeria, Somalilandia, Tanzania, Uganda y Zambia.

    En Uganda, el Tribunal Superior de Kakamega excarceló a cuatro personas que estaban en espera de ejecución desde 1995, tras prosperar un recurso contra sus condenas a muerte. En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional de Uganda falló a favor de poner fin a las leyes que estipulaban penas de muerte preceptivas. El fiscal general apeló contra la sentencia.

    En la República Democrática del Congo resurgió la polémica en torno a la abolición de la pena de muerte durante los debates parlamentarios sobre la nueva Constitución. Un primer proyecto de Constitución proponía la abolición, pero en el Senado y en la Asamblea Nacional se rechazó el cambio por mayoría.

    Defensores y defensoras de los derechos humanos

    Los gobiernos de la región seguían mostrando hostilidad hacia las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, que, en muchos casos, sufrían hostigamiento, agresiones, detención y reclusión arbitrarias.

    En la República Democrática del Congo, Pascal Kabungulu, secretario ejecutivo de la organización de derechos humanos Herederos de la Justicia, murió en julio, abatido a tiros por tres hombres armados, en su casa en Bukavu, provincia de Kivu Meridional. La comisión oficial de investigación no co­municó sus conclusiones, y al finalizar 2005 no se había puesto a los perpetradores en manos de la justicia. En Zimbabue, el Estado hostigó e intimidó a numerosas organizaciones no gubernamentales y a determinados defensores de los derechos humanos. En Ruanda, varios miembros de la sociedad civil, entre ellos personal de organizaciones de derechos humanos, se vieron obligados a huir del país por miedo a ser perseguidos o detenidos de forma arbitraria. Se intimidó a activistas de derechos humanos que habían expresado sus opiniones abiertamente para que guardaran ­silencio.

    En Sudán, el gobierno inició procedimientos judiciales contra uno de los grupos de derechos humanos más destacados del país, la Organización Sudanesa contra la Tortura, en un evidente intento de silenciarlo. Sus miembros se enfrentaban a condenas de más de cinco años de prisión. El prominente activista de derechos humanos Mudawi Ibrahim fue detenido arbitrariamente y recluido sin cargos más de una vez, una de ellas cuando se disponía a viajar a Irlanda para recibir un premio por sus actividades de defensa de los derechos humanos. Posteriormente quedó en libertad.

    En Somalia, Abdulqadir Yahya Ali, director del Centro para la Investigación y el Diálogo, fue asesinado en julio en Mogadiscio por unos desconocidos.

    En Togo, un grupo de jóvenes asociados al partido gobernante impidió que la Liga Togolesa de Derechos Humanos celebrase una conferencia de prensa. En Angola, Luís Araújo, coordinador de la organización no gubernamental de defensa del derecho a la vivienda SOS-Habitat, estuvo detenido brevemente en junio y en noviembre a causa de sus actividades contra los desalojos forzosos. Las autoridades de Camerún siguieron esgrimiendo leyes penales contra la difamación para encarcelar a periodistas en casos que parecían tener una motivación política.

    En Guinea Ecuatorial, el abogado y defensor de los derechos humanos Fabián Nsué Nguema, ex preso de conciencia, fue acusado de conducta indebida y expulsado arbitrariamente del Colegio de Abogados durante un año.

    En Eritrea, numerosos presos de conciencia permanecían detenidos indefinidamente en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, y algunos fueron sometidos a tortura o malos tratos. En mayo, una nueva ley impuso severas restricciones a las organizaciones no gubernamentales. También se recluyó a defensores de los derechos humanos y presos de conciencia en Etiopía. Sin embargo, en Mauritania se otorgó por primera vez reconocimiento oficial a muchas organizaciones no gubernamentales.

    Asia:

    Con el 56 por ciento de la población mundial, dos superpotencias económicas emergentes, una gran cantidad de conflictos armados, varios desastres naturales y una organización de la sociedad civil en algunos casos mínima y en otros pujante, la región de Asia y Oceanía siguió ofreciendo un marco dinámico y estimulante para la promoción de los derechos humanos en 2005. Continuaron los conflictos y las preocupaciones de seguridad, lo que agravó la vulnerabilidad de la población y creó el contexto para numerosos abusos graves.

    Varios acontecimientos satisfactorios contribuyeron en 2005 a una mayor aceptación de las normas internacionales de derechos humanos: la ratificación por parte de Afganistán de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; la ratificación por parte de la India del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados; y la ratificación por parte del Parlamento de Indonesia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

    Siguieron funcionando instituciones de derechos humanos en varios países, como Afganistán, India, Indonesia, Malaisia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia, aunque no ocurrió lo mismo en Bangladesh, China y Vietnam. En Pakistán se presentó al Parlamento un anteproyecto de ley para la creación de una comisión nacional de derechos humanos. También se dieron pasos positivos hacia la cooperación entre organismos nacionales de derechos humanos, como los de Filipinas, Indonesia, Malaisia y Tailandia.

    En 2005 se dieron también pasos hacia la distensión de las relaciones entre Estados históricamente hostiles entre sí. Hubo conversaciones entre India y Pakistán, que iniciaron actividades de transporte transfronterizo, y unas conversaciones entre seis países sobre Corea del Norte culminaron en un acuerdo por el que este país se comprometió a abandonar su programa nuclear a cambio de garantías de ayuda y seguridad.

    Movimientos religiosos politizados afectaron a la realidad cotidiana de los derechos humanos, especialmente en el sur de Asia. Las mujeres sufrieron restricciones con respecto a su indumentaria y su libertad de circulación, y algunas minorías encontraron impedimentos para practicar sus creencias y vivir en paz.

    Con la celebración de las reuniones del Pacto Mundial y de la Organización Mundial del Trabajo en China y Hong Kong, Asia se convirtió en el centro de atención del mundo empresarial y el comercio internacional. India y China continuaron mostrando elevados índices de crecimiento económico. Sin embargo, los indicadores nacionales señalaban que millones de personas vivían en la pobreza: más de la cuarta parte de la población en Camboya, Filipinas, India, Indonesia, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán y Papúa Nueva Guinea, y alrededor de la mitad de la población en Bangladesh y Vietnam.

    Aunque el uso de Internet estaba muy extendido, en algunas partes de Asia no fue el instrumento de libertad de expresión que prometía. En China, el Estado siguió vigilando muy de cerca el acceso a la red, con el bloqueo de numerosos sitios web y el procesamiento de internautas por divulgar información u opiniones políticas que colocaban al gobierno en una situación incómoda. En Vietnam, el intercambio de opiniones e información en la red desembocó en procesamientos por «espionaje».

    Preocupación por la seguridad

    Los ataques a la población civil por parte de grupos armados afectaron a numerosos países de la región, como Afganistán, Bangladesh, India, Indonesia, Nepal y Sri Lanka. Los atentados con explosivos costaron la vida a cientos de personas.

    Algunas respuestas de los Estados a esos ataques resultaron desproporcionadas y, en ocasiones, discriminatorias para grupos marginados o minoritarios, lo que contribuyó a intensificar persecuciones e injusticias previas. Según los informes recibidos, las fuerzas estadounidenses y de la coalición, en Afganistán, y las fuerzas de seguridad, en Pakistán, practicaron detenciones arbitrarias en nombre de la lucha contra el terrorismo. En China, personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo y con «secretos de Estado» fueron juzgadas en secreto. En la India, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales siguió otorgando al Estado muchos de los poderes que con tanta dureza se habían criticado en la legislación antiterrorista revocada. En Australia, las leyes antiterroristas introdujeron la detención sin juicio y las órdenes de control renovables. En Corea del Sur se continuaron utilizando las nuevas leyes sobre la seguridad del Estado contra quienes participaban en actividades políticas pacíficas. En Malaisia se renovaron órdenes de detención por dos años dictadas contra presuntos islamistas, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había instado a que todos los detenidos en virtud de la Ley de Seguridad Interna fuesen juzgados o excarcelados.

    Estados Unidos continuó con su «guerra contra el terror» en la región durante 2005. Los ataques aéreos de fuerzas estadounidenses causaron la muerte de al menos 15 civiles en Pakistán y de decenas de personas en Afganistán. Según los informes, continuaron cometiéndose abusos en bases estadounidenses de Afganistán, lo que provocó disturbios entre la población, que se saldaron con varias muertes. Los hombres que regresaron a Afganistán tras permanecer bajo custodia de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, hicieron el penoso relato de las torturas y los malos tratos sufridos, lo que exacerbó aún más el malestar, la preocupación y la ira de sus conciudadanos.

    Estados con problemas

    En algunos Estados de la región, el marco legislativo nacional al que se podía recurrir para obtener protección o resarcimiento por abusos contra los derechos humanos era deficiente e ineficaz.

    El Estado afgano continuó sin cumplir con su obligación de ofrecer a sus ciudadanos seguridad, protección y respeto al Estado de derecho. Señores de la guerra a quienes se consideraba responsables de abusos contra los derechos humanos ejercieron el poder y crearon una atmósfera de terror en algunas zonas del país. Las deficiencias fundamentales del sistema de justicia penal, el legado de décadas de conflicto y la discriminación contra la mujer, profundamente enraizada, afectaron de forma extremadamente negativa a la promoción de los derechos humanos y la justicia con respecto a violaciones pasadas y presentes, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas.

    En Nepal, el rey alegó la necesidad de luchar contra la violencia de grupos maoístas para declarar en febrero el estado de excepción, destituir al gobierno y suspender las libertades civiles. A continuación se practicaron detenciones masivas y estalló una nueva crisis de seguridad que afectó a gran parte de la población.

    En Timor Oriental, la juventud de las estructuras institucionales se tradujo en carencia de jueces, fiscales y abogados defensores. Esto afectó gravemente al derecho a un juicio con las debidas garantías y a otros aspectos del sistema de justicia penal.

    Gobiernos de países de toda la región, como Corea del Norte, Myanmar y Vietnam, parecían totalmente inmunes a la presión ejercida sobre ellos para que respetasen los derechos humanos. Las autoridades de Myanmar, por ejemplo, continuaron violando los derechos humanos con numerosos encarcelamientos políticos de larga duración, trabajo forzado, confiscaciones de tierras y desplazamientos de minorías, mostrando de este modo un profundo desprecio hacia su población y hacia la comunidad internacional.

    Conflictos armados

    Continuaron los conflictos armados en varios lugares, como Afganistán, Filipinas, algunas zonas de la India, Nepal, Sri Lanka y el sur de Tailandia.

    En dos zonas afectadas por el tsunami de diciembre de 2004 y en las que existía un conflicto armado se produjeron hechos de muy distinto signo durante los 12 meses siguientes. Indonesia participó en un proceso de negociación que desembocó en la firma de un acuerdo de paz en Nanggroe Aceh Darussalam en agosto. Por el contrario, Sri Lanka experimentó un aumento de la violencia, incluido el asesinato del ministro de Asuntos Exteriores en agosto, una creciente inseguridad en el este y un marcado deterioro de la situación en el norte en diciembre, poco después de la elección de un nuevo presidente. Al finalizar 2005 existía una gran preocupación por la escalada de violencia y la viabilidad del acuerdo de cese de las hostilidades en Sri Lanka.

    El conflicto existente en el sur de Tailandia continuó agravándose en 2005, con un considerable aumento del clima de temor y represión. Ambos bandos cometieron abusos contra los derechos humanos y actos violentos. En Filipinas, el cese de las hostilidades entre el gobierno y las fuerzas secesionistas de Mindanao, aunque precario, se mantuvo durante gran parte de 2005.

    Discriminación

    Los Estados siguieron incumpliendo su deber de proteger los derechos humanos de todas las personas, al mantener leyes discriminatorias y no garantizar que quienes sufrían discriminación obtuviesen resarcimiento adecuado.

    El origen étnico, el género, los factores socioeconómicos y la identidad sexual siguieron siendo causa de discriminación en toda la región. Entre quienes la sufrieron estaban los dalit (personas de «casta inferior») y los adivasi (indígenas) en la India; los ahmadis en Bangladesh, Indonesia y Pakistán; los «montañeses» y budistas en Vietnam; los aborígenes en Australia; los karen, mon, rohingyas y shan en Myanmar; los uigures en China, y los gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero en toda la región. Entre los abusos de los que estos grupos fueron objeto figuraron el trabajo forzado, el desplazamiento, la persecución y las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a practicar su religión.

    Como nota positiva, un tribunal de Fiyi reconoció en un fallo histórico que las disposiciones del Código Penal contra los actos homosexuales realizados de mutuo acuerdo violaban las garantías constitucionales sobre intimidad e igualdad.

    Violencia contra las mujeres

    Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo una enorme variedad de formas de violencia, como violencia en el ámbito familiar, esterilizaciones y abortos forzados, matrimonios forzados, homicidios y delitos en nombre del «honor». Estos abusos fueron sistemáticos y se cometieron de forma masiva.

    La violencia contra las mujeres siguió estando estrechamente ligada a actitudes y prácticas culturales de discriminación de género, como la preferencia por los descendientes varones, la creencia de que las mujeres no debían abandonar el hogar y la opinión de que no debían tomar decisiones con respecto al matrimonio.

    La discriminación de género limitaba la vida y las posibilidades de trabajo de las mujeres y las niñas, haciendo que fuesen especialmente vulnerables a la trata: se calculaba que la tercera parte de las actividades de trata de personas del mundo se originaban o se realizaban en Asia. Numerosos países de la región siguieron considerando a las mujeres objeto de trata como inmigrantes ilegales y no procesaron a los traficantes.

    Las mujeres víctimas de la violencia a menudo no obtenían justicia ni seguridad, bien porque los mecanismos del Estado eran inadecuados o inexistentes, o porque las penas impuestas a los responsables no eran coherentes o no reflejaban la gravedad de la violencia. A consecuencia de ello, en muchos casos, los responsables de la violencia contra las mujeres gozaron de impunidad.

    La necesidad de cambios de actitud y de reformas legales se tradujo en irregularidades y lentitud en la lucha contra la violencia. Entre algunas iniciativas destacadas estuvo la creación de un consejo interministerial destinado a combatir la violencia contra las mujeres en Afganistán; la propuesta o aprobación de leyes destinadas a proteger a las mujeres frente a la violencia doméstica en Camboya, Fiyi y la India; la introducción de legislación contra el acoso sexual en China; un proyecto sobre legislación contra la trata presentado en el Parlamento indonesio, y la creación en las Islas Salomón del primer refugio construido específicamente para víctimas de violencia doméstica.

    El sufrimiento de las denominadas «mujeres de solaz» puso de manifiesto la escasa prioridad que se daba al resarcimiento de las mujeres víctimas de violencia. Tras haber sido víctimas de sistemas militares de esclavitud sexual hacía más de 50 años, estas mujeres siguieron luchando en los tribunales de Japón y de otras partes del mundo para obtener una reparación, pero, al finalizar 2005, aún estaban esperando a que se hiciese justicia.

    Personas migrantes y refugiadas

    Asia continuó presenciando importantes flujos migratorios dentro y fuera de la región. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes y sus familias se veían expuestos a una situación de incertidumbre y vulnerabilidad y recibían un trato deficiente en numerosos países, como Corea del Sur, Japón, Malaisia y Taiwán. Pocos Estados de la región, especialmente entre los receptores, habían ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

    Las personas solicitantes de asilo y refugiadas se veían expuestas a situaciones de marginación, hostigamiento y detención arbitraria. En diversos Estados, la ley y la práctica permitían que las personas refugiadas fueran sometidas a malos tratos, como los golpes con vara con que se castigaba a los migrantes y solicitantes de asilo en Malaisia y la reclusión arbitraria de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en centros de detención en Australia.

    Los conflictos de Sri Lanka y Nepal provocaron el desplazamiento de una considerable cantidad de personas. En Nepal, alrededor de 200.000 personas desplazadas sufrieron una grave carencia de servicios relativos a, entre otras cosas, la vivienda, la salud y la educación. En Sri Lanka, cientos de miles de personas desplazadas por el conflicto y el tsunami fueron especialmente vulnerables a la violencia generada por las hostilidades.

    Desastres naturales

    La región sufrió desastres naturales de efectos devastadores en 2005, y el alcance de las consecuencias del tsunami de 2004 se hizo evidente a lo largo del año. En Indonesia salió a la luz que más de 700.000 personas habían muerto, estaban aún desaparecidas o se habían visto desplazadas a causa del tsunami. En Tailandia, al menos 100.000 habían resultado afectadas. En Sri Lanka murieron 35.322, y 516.150 se habían visto desplazadas. En la India se calculaba que había habido 15.000 muertes y que el número de personas desplazadas superaba las 112.000.

    El fuerte terremoto que se produjo en la región fronteriza entre India y Pakistán en octubre de 2005 causó la muerte de alrededor de 73.000 personas en Pakistán y de al menos 1.200 en el estado de Jammu y Cachemira, en la India. Entre dos y tres millones de personas quedaron sin hogar. A lo largo del duro invierno siguiente, en el Himalaya se produjeron nuevas muertes y el sufrimiento fue generalizado. En el contexto de las actividades de ayuda humanitaria emprendidas tras el tsunami y el terremoto fueron en especial motivo de preocupación los conflictos existentes, el acceso a las zonas remotas y las denuncias de discriminación.

    Derechos económicos, sociales y culturales

    China e India recibieron considerable atención y apoyo de la comunidad internacional debido a su crecimiento económico y a su condición de protagonistas emergentes en el ámbito económico mundial. Aunque se confirmaron las afirmaciones de un descenso del número de personas que vivían en la más «absoluta pobreza», no se produjeron mejoras análogas manifiestas con respecto a los derechos humanos. El desarrollo económico no dio prioridad al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. En China, los trabajadores y trabajadoras migrantes procedentes de zonas rurales siguieron viviendo en condiciones atroces, y cientos de miles de pequeños agricultores sufrieron una marginación cada vez mayor debido a las expropiaciones de tierras, la falta de atención a la salud y el hecho de que el Estado no proporcionara educación a millones de niños de dichas zonas. Las desigualdades entre el campo y la ciudad y la distancia cada vez mayor que existía entre ricos y pobres fueron caldo de cultivo para el malestar social en las zonas rurales. En la India se introdujo en 2005 legislación destinada a garantizar un empleo anual mínimo a los miembros de los sectores económicamente más desfavorecidos de determinadas zonas.

    Los conflictos y la degradación medioambiental siguieron afectando negativamente a numerosas comunidades de toda la región. En Afganistán, hasta una tercera parte de la población carecía de formas fiables o seguras de obtener alimentos, agua potable o techo. En la India, miles de personas continuaban aguardando a que se resolviesen los recursos presentados tras el desastre producido en Bhopal en 2004.

    Pena de muerte

    La región de Asia y Oceanía siguió destacando negativamente en cuanto a la aplicación de la pena capital, aunque una importante minoría de países era abolicionista. Siguió existiendo la pena de muerte en 26 países, incluidos Afganistán, China, India, Japón, Pakistán, Singapur, Tailandia y Vietnam. Entre los delitos punibles con la muerte figuraban el fraude fiscal, el asesinato, el narcotráfico, el robo y el secuestro.

    En Corea del Sur siguió vigente una suspensión no oficial de la aplicación de la pena de muerte. En febrero de 2005, con el apoyo de dos partidos, superó su primer obstáculo parlamentario un proyecto de ley dirigido a la abolición que un parlamentario y ex preso condenado a muerte había presentado en 2004.

    China y Mongolia continuaron negándose a hacer públicas las estadísticas sobre pena de muerte, y las estadísticas oficiales de otros países se consideraron poco fiables; aun así, seguían siendo elevadas, y en ellas se incluían al menos 1.770 ejecuciones y 3.900 condenas a muerte en China, al menos 31 ejecuciones y 241 condenas a muerte en Pakistán, al menos 21 ejecuciones y 65 condenas a muerte en Vietnam y al menos 24 condenas a muerte en Afganistán.

    Una práctica que agravaba el sufrimiento de las personas condenadas a muerte en Japón era el anuncio repentino de su ejecución, que les impedía reunirse con sus familias y demás seres queridos. En Pakistán, la escasa fiabilidad del registro de nacimientos puso en duda que quienes estaban pendientes de ejecución fuesen mayores de edad y que todas las personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores fuesen a beneficiarse de una orden dictada en 2001 que conmutaba la pena de los menores de edad pendientes de ejecución.

    Entre las personas notables de la región que alzaron su voz en favor de la abolición de la pena capital se encontraban el presidente del gobierno y el presidente del Tribunal Supremo de la India, el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka y el ministro del Interior de Japón. Sin embargo, ningún país de la región de Asia y Oceanía abolió la pena de muerte en 2005.

    Defensores y defensoras de los derechos humanos

    Las personas dedicadas al activismo de derechos humanos, especialmente las que defendían los derechos de las mujeres, fueron cada vez más atacadas por particulares y grupos, así como por agentes estatales. En toda la región, sufrieron amenazas y hostigamiento y fueron detenidas y agredidas por su trabajo. En China se detuvo a gran número de ellas, entre las que había periodistas y profesionales del derecho, y algunas fueron condenadas a prisión. También se detuvo a activistas durante la represión política de Camboya y Nepal, y en Afganistán y Bangladesh recibieron amenazas de muerte.

    La impunidad de los delitos cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos siguió constituyendo un problema, incluso en los casos más notables. En Tailandia, por ejemplo, a pesar de la presión ejercida por el primer ministro para que se resolviese el caso del abogado de derechos humanos Somchai Neelapaijit, que había «desaparecido» en marzo de 2004, al finalizar 2005 ninguno de los sospechosos había sido procesado.

    Pese a las tremendas presiones que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos, su nivel de activismo en la región fue extraordinario. Estuvieron en la vanguardia de la lucha por conseguir la mejora de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en China, Filipinas y la India. También comenzaron a forjar alianzas, como la primera reunión internacional de defensoras de los derechos humanos, que se celebró en Sri Lanka en diciembre de 2005. En esta reunión, que congregó a unas 200 activistas de todo el mundo, se elaboraron una serie de estrategias para combatir la violencia, la discriminación y otros abusos que sufrían específicamente las mujeres por su género y por su labor en defensa de los derechos humanos.

    En algunos casos, personas que habían sufrido abusos se convirtieron en comprometidas defensoras de los derechos humanos. En Pakistán, por ejemplo, Mukhtaran Mai, sobreviviente de una violación en grupo, se convirtió en activista en favor del derecho de todas las mujeres a vivir en condiciones de seguridad y con dignidad.

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